noviembre 4, 2025

El diputado Armando Corona Arvizu (Morena) presentó una iniciativa que plantea agregar los artículos 211 Bis 8 y 211 Bis 9 al Código Penal Federal, con el fin de penalizar la creación y difusión de memes, stickers o representaciones digitales generadas con inteligencia artificial cuando vulneren la identidad o imagen de una persona.

La propuesta pretende sancionar la creación y difusión no autorizada de imágenes, audios, videos o representaciones digitales generadas con edición o inteligencia artificial que afecten la identidad o la imagen personal. En el texo de la inciativa se contemplan sanciones que van de tres a seis años de cárcel, junto con multas equivalentes a entre 300 y 600 días de salario mínimo.

Además, cuando la persona señalada sea menor, persona con discapacidad o servidor público, o si la difusión es masiva, las penas se duplicarían. Propuesta Cívica considera que esta iniciativa abre la puerta a la criminalización de formas legítimas de crítica, sátira y creatividad ciudadana.

Libertad de expresión y tolerancia hacia servidores públicos La crítica al funcionariado público, con medios como memes o caricaturas, es una manifestación esencial del derecho a informar.

Al ejercer cargos públicos —asumidos con voluntad— estos servidores están sujetos al escrutinio social y deben mostrar una mayor tolerancia frente a la sátira y la crítica social.

La iniciativa propuesta, lejos de proteger el derecho a la crítica hacia las y los servidores públicos, establece como agravante que el funcionariado sea objeto de memes o contenidos satíricos, por ello, de aprobarse en sus términos actuales, una persona que comparta o difunda material digital de este tipo podría enfrentar hasta doce años de prisión (el doble de la pena máxima), lo que representaría un grave retroceso para la libertad de expresión y el debate público. Impacto en la sátira y el contenido creativo.

La redacción propuesta emplea verbos, conceptos y estructuras que podrían entenderse como criminalizadores de expresiones cotidianas de la cultura digital: memes, reels, caricaturas políticas. Aunque estos géneros pueden incomodar, cumplen un papel vital en la discusión pública. En México ya existen límites claros —por ejemplo, en casos de violencia política por razón de género o daño moral—, pero la iniciativa va más allá y corre el riesgo de restringir discursos legítimos que cuestionan, satirizan o visibilizan problemáticas sociales. Naturaleza del delito propuesto y debilidad del estándar probatorio.

La iniciativa formula los nuevos tipos como delitos formales: no exige demostración de daño real para proceder. Basta con demostrar autoría o alteración mediante IA para iniciar la acción penal. Además, no incorpora el Sistema Dual de Protección (que distingue entre figura pública y privada), lo que permitiría que cualquier persona pública denuncie incluso sin que exista una afectación real, con estándares probatorios mínimos. Redundancia normativa y riesgos legales innecesarios.

El proyecto legislativo ignora que el sistema jurídico mexicano ya contempla mecanismos para restringir expresiones extremas: violencia política de género, daño moral, discriminación, delitos especiales y leyes específicas como la Ley Olimpia. Crear nuevas figuras sobre contenido digital resulta innecesario y aumenta el riesgo de uso abusivo del derecho como instrumento censor. No es la primera vez que el diputado Corona Arvizu propone iniciativas contrarias a la libertad de expresión.

En febrero de 2024 presentó otra iniciativa para sancionar audios falsos generados por inteligencia artificial, misma que fue rechazada por evidenciar riesgos para la libertad de expresión. Si bien diversos actores dentro de Morena han asegurado que el proyecto de Corona Arvizu no prosperá, la insistencia del diputado para continuar impulsando su iniciativa resulta preocupante.

Frente a este escenario, la organización Propuesta Cívica hace un llamado a las y los legisladores a revisar con extremo cuidado esta iniciativa.

Es imprescindible que cualquier regulación sobre IA y contenido digital no se convierta en una herramienta para censurar, sino que proteja el derecho humano a la crítica, la sátira y la creación como pilares fundamentales de una democracia.

Tomado de Propuesta Cívica

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