La Ley de Herodes… ¡recargado!
Por: Huarachín
Resulta más que pertinente trazar un parangón entre Juan Vargas, aquel presidente municipal de San Pedro de los Saguaros, y Carlos Manzo, el autodenominado alcalde “independiente” de Uruapan. Ambos personajes, el de la ficción y el de la realidad, se pasan por el arco del triunfo las leyes, siempre con la misma finalidad: poder y dinero, disfrazados de discursos moralistas.
Desde el inicio, sus ascensos políticos comparten un común denominador: el de la “suerte ajena”. Juan Vargas, en la película, llegó al poder por la necesidad de su jefe político de aplacar la inconformidad tras el asesinato del anterior edil. Carlos Manzo, por su parte, obtuvo el “premio mayor” con ayuda de Morena, que primero lo impulsó como diputado federal. Luego, ya encarrerado y con su acostumbrada estridencia, volteó bandera: renegó del partido que lo llevó a la Cámara de Diputados y se proclamó “independiente”, aunque su independencia parezca más bien un disfraz —con sombrero y huaraches— para el oportunismo.
Sus votantes, confundidos entre el desencanto del gobierno anterior y la esperanza de algo nuevo, lo encumbraron en una votación atípica —que para muchos resulta sospechosa—. Desde entonces, el edil uruapense, al igual que el célebre Vargas, ha hecho de la violación a las leyes un estilo de gobierno.
Despidos, improvisación y soberbia
Como primer acto de autoridad después de las elecciones, corrió a cientos de empleados municipales sin causa justificada ni aviso previo, para abrir espacios en la nómina a su grupo cercano: un pequeño séquito de colaboradores que incluye —ironías de la vida— a una persona actualmente procesada por extorsión.
Después, en lugar de gobernar, el alcalde se dedicó a dividir a la sociedad uruapense con discursos de odio y transmisiones en redes sociales en las que mezcla la propaganda con la burla, la denuncia con el protagonismo y las mentadas de madre al pueblo a destajo.
Escenografía del poder
Más grave aún es su uso indebido de símbolos y funciones públicas. De acuerdo con la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán, así como con el Reglamento Municipal de Seguridad Pública de Uruapan, ningún particular puede usar vehículos, emblemas o calcomanías que simulen pertenecer a corporaciones oficiales.
Aun así, ha salido a la luz que el alcalde ha autorizado —sin consulta ni acuerdo de Cabildo— el uso de vehículos particulares rotulados como patrullas, contraviniendo no solo la normatividad local, sino el sentido común.
El Bando de Gobierno Municipal de Uruapan establece con claridad que el nombre y escudo del municipio son de uso exclusivo del Ayuntamiento y sus dependencias. Su reproducción por particulares requiere autorización por escrito. Sin embargo, en este episodio tragicómico de la política michoacana, vehículos en comodato han sido balizados con emblemas de Seguridad Pública Municipal, en abierta violación de estas disposiciones.
El Código Penal del Estado de Michoacán, en su Artículo 301, sanciona el uso indebido de uniformes, insignias o vehículos que simulen autoridad, precisamente para evitar que la figura del poder se use como herramienta de manipulación o engaño.
A esto se suma el Artículo 99 de la Ley Orgánica Municipal, que obliga a los ayuntamientos a actuar conforme a los principios de legalidad, honradez, imparcialidad y eficiencia en el ejercicio de la función pública.
Pero el alcalde parece no haber leído ni una línea de tales leyes. Prefiere su versión libre de la Constitución, su “ley de Herodes recargada”: si la norma estorba, se ignora; si la crítica molesta, se censura; y si la ética incomoda, se cambia el discurso.
El espectáculo de la autoridad
En más de una ocasión, el edil ha alterado escenas del crimen o irrumpido en operativos de seguridad con fines mediáticos, transmitiendo en vivo desde su teléfono celular. Lo hace, dice él, para “mostrar transparencia”; pero en realidad viola la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán, que prohíbe expresamente la interferencia de autoridades no competentes en el manejo de escenas delictivas o tareas policiales.
De hecho, en 2022 el Gobierno del Estado reformó dicha ley para penalizar la falsificación de uniformes, el uso indebido de insignias y el balizamiento apócrifo de patrullas. La intención era evitar justo lo que ahora ocurre: que cualquier funcionario, o peor aún, cualquier particular, asuma el rol de policía sin serlo.
El espejo roto
Mientras tanto, la ciudadanía observa entre la confusión y la resignación. Se acostumbra a la idea de que la ley es un adorno retórico, que la justicia depende del humor del gobernante, y que la legalidad solo aplica a quienes no son de su grupo.
Así, entre decretos improvisados y transmisiones en vivo, Carlos Manzo se consolida como un Juan Vargas de carne y hueso, dispuesto —como en la película— a reescribir la Constitución si es necesario, con tal de lograr sus fines.
Porque, al fin y al cabo, en la Ley de Herodes de Carlos Manzo el lema sigue siendo el mismo: “O te chingas… o te jodes.”
