En un paso significativo para proteger a los automovilistas en Michoacán, el Congreso del Estado aprobó por unanimidad reformas de fondo a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial.
La iniciativa, promovida por el diputado Hugo Rangel Vargas desde la Comisión de Movilidad y Comunicaciones, busca eliminar la discrecionalidad y la corrupción históricas en los servicios de arrastre y depósito de vehículos.
Según señaló Rangel, estos abusos han provocado que “la ciudadanía está cansada de pagar tarifas excesivas sin saber por qué, sin reglas claras, y sin ninguna garantía sobre el cuidado de sus vehículos”.
Las reformas establecen de manera clara los supuestos en los que un vehículo puede ser remitido a un corralón, limitando la posibilidad de interpretación arbitraria y armonizando las normas municipales con la legislación estatal.
Además, las nuevas disposiciones obligan a que todas las tarifas relacionadas con arrastre, salvamento y resguardo sean públicas, autorizadas por el Congreso y fiscalizadas por la Secretaría de Finanzas y Administración, conforme a la Ley de Gobierno Digital.
También se incorporan prácticas del ámbito federal, como el registro informatizado del ingreso y salida de vehículos y la obligación de garantizar su conservación mientras están en depósito.
La reforma adiciona nuevas fracciones al artículo 42, que facultan a la Secretaría de Seguridad Pública para supervisar el cumplimiento de las tarifas autorizadas, emitir lineamientos operativos a los corralones y asegurar que los usuarios tengan acceso inmediato a la información sobre costos y procedimientos.
De esta manera, se busca revertir años de prácticas opacas y colocar el interés público por encima del negocio privado.
Estas reformas, aprobadas el pasado 19 de junio de 2025, representan un avance significativo en materia de transparencia, rendición de cuentas y justicia para los ciudadanos, al establecer un marco regulatorio que limita la discrecionalidad y protege los derechos de quienes utilizan las vías públicas en el estado.
