Ciudad de México, julio de 2025 – Con la reciente publicación del decreto que reforma la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), el Gobierno Federal refuerza su estrategia contra el lavado de dinero en el país. Esta reforma responde a la necesidad urgente de fortalecer el marco legal mexicano, atender las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y proteger la estabilidad financiera nacional.
De acuerdo con los dictámenes presentados por el Senado de la República, la reforma tiene como objetivo central la identificación del beneficiario controlador, es decir, la persona física que realmente posee o controla una entidad jurídica, así como la ampliación del catálogo de actividades vulnerables, incluyendo fideicomisos, desarrollos inmobiliarios, activos virtuales y plataformas digitales.
El Gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ha reiterado que estas reformas permitirán mejorar la trazabilidad de operaciones, reforzar las inspecciones digitales y garantizar que las empresas reporten oportunamente a las autoridades.
Si bien el propósito de esta reforma es legítimo, el cumplimiento de esta nueva obligación representa una carga adicional para los empresarios y contribuyentes en general. Actualmente, las empresas mexicanas ya enfrentan un entorno normativo complejo, que incluye requisitos administrativos, fiscales, laborales y de seguridad social, a los que ahora se suman nuevas disposiciones en materia antilavado.
Expertos fiscales advierten que el desconocimiento o incumplimiento de estas medidas puede derivar en multas significativas, revocación de permisos, e incluso sanciones penales, por lo que hacen un llamado urgente a revisar sus operaciones, actualizar sus controles internos y capacitar a sus equipos legales y contables.
En este contexto, es indispensable que los sectores productivos cuenten con asesoría especializada y actualizada, para garantizar el cumplimiento normativo y evitar riesgos que comprometan la continuidad de sus negocios.
La reforma a la LFPIORPI no solo representa un paso importante en la lucha contra el crimen organizado, sino también un recordatorio de que la formalidad y la transparencia empresarial son hoy pilares clave en la economía mexicana.
