—El Estado debe garantizar el libre ejercicio del periodismo:
Morelia, Mich – Con un llamado urgente a reforzar las garantías institucionales para el libre ejercicio del periodismo en México, concluyó el curso de capacitación impartido por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), dirigido a periodistas michoacanos.
La formación fue organizada en conjunto por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y el Gobierno del Estado de Michoacán, a través de la Secretaría de Gobierno.
Durante la jornada, efectuada en el auditorio de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán, las especialistas Elina Siegfried y María Werneck, representantes de la ONU-DH, subrayaron que la violencia contra periodistas tiene un triple efecto nocivo: vulnera el derecho a la libertad de expresión de las víctimas, intimida al gremio y debilita el derecho de la sociedad a recibir información plural y veraz.
Uno de los momentos clave fue la participación de la licenciada Paulina Rivera Rojas, jefa del Departamento de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, quien reconoció públicamente la obligación reforzada del Estado mexicano para prevenir, proteger e investigar cualquier acto que limite el ejercicio periodístico.
En representación del Gobierno de Michoacán, Rivera Rojas asumió el compromiso de fortalecer los mecanismos estatales de protección, afirmando que cada agresión a un periodista representa una afrenta directa a la democracia y a los derechos fundamentales.
Durante el curso también se abordaron casos ilustrativos como el de “Carlos Méndez”, un periodista ficticio víctima de censura institucional por denunciar actos de corrupción, ejemplo utilizado para reflexionar sobre las amenazas reales que enfrentan quienes ejercen el periodismo en contextos adversos.
La jornada contó con la presencia del Dr. Marco Antonio Tinoco Álvarez, presidente de la CEDH Michoacán, así como de autoridades estatales de derechos humanos y comunicación social.
El mensaje fue claro: el periodismo no puede ejercerse en libertad si no existen condiciones estructurales, legales y de seguridad que lo garanticen.
