La Fundación Gabo presentó la investigación
Informe | Dalia Martínez
La precariedad laboral, la violencia criminal y la dependencia económica del financiamiento público son los tres factores que marcan el periodismo en Michoacán.
Una investigación realizada en 16 municipios del estado reveló que más de la mitad son considerados desiertos informativos, donde prácticamente no existe cobertura local debido a la presión del crimen organizado, la corrupción y la falta de condiciones mínimas de seguridad para los periodistas.
El estudio analizó 32 proyectos periodísticos en los que laboran 259 comunicadores, de los cuales el 39% son mujeres. Predomina el trabajo independiente, sin prestaciones ni contratos formales, y en muchos casos bajo esquemas de comisión por venta de publicidad.
Se encontró que 6 de cada 10 medios dependen en gran medida de la publicidad oficial, lo que limita la independencia editorial. La mayoría de los proyectos se sostiene en Facebook y sitios web, complementando su difusión con YouTube, Instagram y TikTok.
Los resultados son contundentes: 9 municipios como Apatzingán, Buena Vista y Zitácuaro fueron catalogados como desiertos informativos; 4, entre ellos Zamora y Sahuayo, se ubicaron como semidesiertos; y únicamente Morelia, Uruapan y Lázaro Cárdenas alcanzaron la categoría de bosques informativos, aunque incluso en estas ciudades persisten la violencia y la dependencia del financiamiento público.
En este contexto de vulnerabilidad, el gremio periodístico enfrenta hostigamientos constantes.
Nueve medios reconocieron haber recibido amenazas directas, ocho sufrieron presiones gubernamentales, siete reportaron presiones económicas y seis denunciaron amenazas digitales.
Artículo 19 documenta que entre el año 2000 y 2025 al menos cuatro periodistas han sido asesinados en Michoacán.
A finales de 2024, un reportero de 25 años fue ejecutado en Uruapan tras transmitir en vivo sobre un incendio en el centro del municipio.
La situación refleja no solo un ecosistema informativo frágil y condicionado por intereses políticos y criminales, sino también el riesgo permanente que enfrentan los periodistas en un estado donde informar puede costar la vida.
